Redacción: Amairany Ramírez
Tras la tragedia registrada el pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia en Iztapalapa, las autoridades capitalinas anunciaron avances definitivos en la indemnización de los afectados.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la presentación de un balance que detalla la ruta hacia la justicia para las familias y los sobrevivientes del siniestro.
Este proceso ha resultado en la firma de 143 acuerdos reparatorios entre las víctimas directas e indirectas y la empresa responsable, Silza. El monto total pactado asciende a aproximadamente 480 millones de pesos, una cantidad calificada como histórica tanto para la Ciudad de México como para el país, al situarse por encima de registros previos en incidentes similares. Hasta el momento, el 90 por ciento de este fondo ya ha sido cubierto, lo que equivale a unos 429 millones de pesos entregados a 127 beneficiarios. Los pagos restantes se encuentran en fase de trámite, principalmente por cuestiones de procesos sucesorios o valoraciones de daños materiales pendientes.
En cuanto a las causas del incidente, que dejó un saldo de 32 personas fallecidas y 63 lesionados, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia fueron contundentes. El peritaje, que integró 16 especialidades forenses y más de 270 dictámenes, determinó que el siniestro fue provocado por el exceso de velocidad y la pérdida de control de la pipa de gas LP. Se descartó que baches, fallas mecánicas previas o el estado de la infraestructura del puente hubieran influido en la colisión del tanque contra un objeto sólido, lo que derivó en la fuga masiva e incendio. Asimismo, se señalaron omisiones de la empresa en la capacitación de su personal.
El acompañamiento institucional ha sido un pilar fundamental en la estrategia del gobierno local. Durante la emergencia, se movilizaron más de mil 400 servidores públicos y el apoyo médico se distribuyó en 23 hospitales. Actualmente, 52 personas han sido dadas de alta y reciben seguimiento clínico, mientras que se han otorgado más de mil 680 atenciones psicosociales para tratar las secuelas emocionales de los involucrados. Para evitar obstáculos burocráticos, se asignaron 75 enlaces gubernamentales que gestionaron de forma personalizada trámites legales, laborales y médicos para cada familia.
Mirando hacia el futuro, el gobierno ha implementado medidas de no repetición. Se han realizado reformas al Reglamento de Tránsito para restringir los horarios de circulación de vehículos con sustancias peligrosas y reducir sus límites de velocidad. Además, se anunció la creación de una aplicación tecnológica para el monitoreo en tiempo real de estas unidades mediante geolocalización. Finalmente, en un acto de memoria y honor, se instituyó el reconocimiento al mérito civil “Alicia Matías”, en recuerdo de la mujer que sacrificó su vida para proteger a su nieta durante la explosión.
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