Redacción: MaJo Gutiérrez
La senadora Lilly Téllez presentó una iniciativa para modificar el Artículo 4° de la Constitución y definir “mujer” y “hombre” exclusivamente por el sexo biológico al nacer. La propuesta se justifica en la necesidad de ofrecer “certeza jurídica” y proteger espacios diferenciados por sexo.
La senadora Lilly Téllez ha encendido un nuevo debate en la Cámara Alta al presentar una iniciativa de reforma constitucional que busca que los términos “mujer” y “hombre” sean definidos estrictamente con base en el sexo biológico determinado al nacer. La propuesta plantea modificar el primer párrafo del artículo 4° de la Constitución Mexicana, argumentando la necesidad de establecer un criterio jurídico preciso ante la ausencia de una definición constitucional clara en torno al sexo y la identidad de género.
La iniciativa se sustenta en criterios de seguridad, certeza jurídica y en la protección de espacios diferenciados por sexo. Como precedente, la senadora citó el reciente fallo de la Corte Suprema del Reino Unido, que dictaminó que las definiciones de “hombre” y “mujer” deben interpretarse según el sexo biológico. La exposición de motivos de la propuesta sostiene que “las mujeres requieren medidas diferenciadas de protección”, haciendo hincapié en la preservación de espacios exclusivos como sanitarios públicos, refugios, prisiones e instalaciones deportivas, con el fin de garantizar la seguridad, privacidad e integridad de las mujeres biológicas.
En su argumentación, Téllez enfatizó que la medida no tiene como objetivo eliminar derechos de las personas trans, sino “armonizar principios como igualdad sustantiva, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica”. El texto señala que el objetivo es establecer parámetros objetivos que permitan el reconocimiento de que la protección de ciertos derechos exige considerar el sexo biológico como un criterio “relevante y legítimo”. La senadora resumió su postura en redes sociales con la frase: “Es biología, no ideología”.
De ser aprobada, esta iniciativa tendría un impacto significativo, ya que obligaría a los congresos locales a armonizar sus leyes a este criterio biológico en un plazo máximo de 90 días. La propuesta, que busca resolver “vacíos legales y conflictos”, pone sobre la mesa el tenso debate entre el reconocimiento de la identidad de género autodeterminada y la necesidad de establecer criterios biológicos para ciertos efectos jurídicos, prometiendo ser uno de los temas más controversiales en la agenda legislativa.
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