Redacción: Andrea Zamora
Este tratado pionero de la Consejo de Europa, en vigor desde 2014, marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Europa… y destapó tensiones sobre identidad, género y derechos LGBTI que aún siguen abiertas.
El Convenio de Estambul, oficialmente Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, fue abierto a la firma el 11 de mayo de 2011 en Estambul, Turquía, con el fin de combatir de forma integral la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Entró en vigor el 1 de agosto de 2014, tras alcanzar el número mínimo de ratificaciones requeridas.
Desde su génesis, el tratado planteó tres grandes ejes: prevención, protección de víctimas y castigo de agresores, junto con la promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres como pilar para erradicar la violencia estructural. Esto lo convierte en el instrumento jurídico europeo de mayor alcance en esta materia, al menos hasta la fecha.
Lo que hace singular al Convenio es que introduce por primera vez en el ámbito europeo una definición de “género” como «los roles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad considera propios de mujeres u hombres». Esta definición abrió el debate: para unos, facilitó comprender que la violencia de género no se limita a la mujer como víctima biológica, sino que está vinculada a roles sociales y desigualdades profundas; para otros, generó rechazo por considerar que normalizaba nociones de identidad de género o de diversidad sexual.
Este segundo aspecto lo convirtió en lo que algunos analistas han denominado “la primera gran lucha abierta en Europa” sobre género, derechos LGBTI y el papel del Estado en la regulación de la igualdad. A pesar de que el Convenio está centrado en la violencia contra las mujeres como forma de discriminación y violación de derechos humanos, sí abre espacio para que personas LGBTI, víctimas de violencia de género, puedan quedar protegidas bajo su marco normativo.
Sin embargo, la implementación del Convenio no ha estado exenta de tensiones. En países como Turquía, que fue el primer país en firmar el tratado, se retiró en 2021, alegando que el tratado ponía en riesgo “la estructura familiar” y los valores tradicionales. Más recientemente, en 2025, Letonia votó para retirarse del Convenio, lo que marca una nueva fase de disputa política sobre los derechos de género en Europa.
Pese a estas resistencias, el impacto positivo del Convenio es visible: varios países europeos han adaptado sus legislaciones para tipificar la violencia doméstica, ampliar las medidas de protección a víctimas y establecer mecanismos coordinados entre instituciones públicas. Además, el mecanismo de seguimiento llamado GREVIO (Grupo de Expertos para la Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica) permite monitorear el cumplimiento de los Estados parte.
Para América Latina y otras regiones, el Convenio de Estambul se ha convertido en referencia normativa y en inspiración para diseñar políticas de género más audaces. Los retos siguen siendo múltiples: asegurar la plena aplicación en todos los sectores, evitar retrocesos políticos, y proteger a los grupos más vulnerables, incluyendo a mujeres migrantes, víctimas LGBTI y personas intersex.
El Convenio de Estambul representa un hito en la institucionalización de la igualdad de género y la protección frente a la violencia estructural en Europa. Pero también se ha transformado en campo de disputa: entre valores tradicionales y derechos emergentes, entre políticas públicas y movimientos conservadores. Esa tensión, lejos de cerrarse, define buena parte del debate actual sobre género y diversidad en el continente.
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