Redactor: Sam Torne
La reciente propuesta del gobierno para implementar el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (SNII) ha generado preocupación entre especialistas, quienes advierten que la falta de recursos adicionales podría comprometer su eficacia y seguridad.
El SNII, concebido como eje central de la estrategia anticrimen de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca centralizar millones de datos biométricos de ciudadanos, registros vehiculares e información fiscal. Sin embargo, expertos señalan que la ausencia de una asignación presupuestaria específica para su creación y operación podría dejar el proyecto incompleto.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), liderada por Omar García Harfuch, deberá gestionar este sistema sin recursos adicionales, lo que plantea dudas sobre su viabilidad.
Alejandra Macías, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), enfatiza que la implementación de sistemas de seguridad e inteligencia requiere inversiones significativas para garantizar plataformas seguras y protegidas contra usos indebidos. La iniciativa establece que toda la información deberá almacenarse en servidores que aseguren su seguridad, lo cual demandará una inversión considerable que otras dependencias no han realizado, como lo demuestra el hackeo reciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Riesgos de seguridad y protección de datos
La falta de financiamiento adecuado no solo afecta la operatividad del SNII, sino que también incrementa los riesgos relacionados con la protección de datos sensibles. Cristina Reyes Ortiz, directora de litigio estratégico en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), advierte que sin previsiones presupuestales para garantizar la continuidad y resguardo de estos sistemas, es probable que, por austeridad o negligencia, se descuiden, como ocurrió en el caso del hackeo a la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Además, la creación de una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil, operada por la Agencia de Transformación Digital, sin recursos específicos ni mecanismos de protección robustos, podría poner en riesgo la privacidad de los ciudadanos. La ausencia de un órgano garante autónomo que supervise el resguardo adecuado de los datos personales, sumada a la falta de financiamiento para seguridad informática, agrava esta preocupación.
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