LGBT+ Política

¡Inclusión sin barreras! un paso firme hacia la igualdad laboral

¡Inclusión sin barreras! un paso firme hacia la igualdad laboral

Redacción: Inés Arroyo 

La diputada Ana Buendía García presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad en las alcaldías. La propuesta busca garantizar que el gobierno sea un ejemplo en la promoción de igualdad y accesibilidad en el empleo público.   

La iniciativa plantea dos reformas clave:   

  1. Modificar la Ley Orgánica de Alcaldías para que cada demarcación destine un porcentaje de su plantilla a personas con discapacidad.  
  2. Cambiar la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad para que la Secretaría de Trabajo implemente un sistema que facilite la contratación y asegure la permanencia y desarrollo profesional de esta población.  

 Un panorama alarmante 

Según el INEGI, en la Ciudad de México 493,589 personas viven con alguna discapacidad, lo que representa el 5.4% de la población. A nivel nacional, solo el 6.1% de estas personas cuentan con empleo formal, en comparación con el 60% de la población general económicamente activa.   

“Es necesario romper con las barreras estructurales que impiden a estas personas acceder a trabajos dignos. La inclusión laboral no es un favor, es un derecho humano”, afirmó Buendía García.   

Obstáculos persistentes 

La legisladora señaló que la falta de accesibilidad, los prejuicios y las limitaciones en formación profesional son algunos de los principales retos que enfrentan las personas con discapacidad. Además, mencionó que estas condiciones perpetúan la desigualdad y frenan el desarrollo económico y social de la ciudad.   

Apoyo legislativo   

La propuesta cuenta con el respaldo de diputadas como Janet Guerrero, Adriana Espinosa y Rosario Morales, entre otros legisladores. También complementa una iniciativa del diputado Víctor Hugo Romo, destacando la importancia de la colaboración para garantizar derechos fundamentales.   

Con estas reformas, el Congreso busca convertir al sector público en un modelo de inclusión y justicia social para las personas con discapacidad. 

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