Redacción Marlone Serrano
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega denunció una emboscada contra su equipo en San Cosme durante un operativo de reordenamiento. Más de 200 personas los golpearon, lo que refuerza la urgencia de defender la institucionalidad y rechazar la violencia en la Ciudad de México.
La tarde del viernes, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció públicamente que ella y su equipo fueron víctimas de una emboscada mientras realizaban un operativo de reordenamiento de comerciantes en la colonia San Cosme. Según su relato, más de 200 personas los rodearon y golpearon, dejando a varios trabajadores de la alcaldía lesionados. Incluso un funcionario del gobierno de la Ciudad de México que acompañaba el operativo resultó agredido.
Rojo de la Vega explicó que el operativo buscaba recuperar el orden en la vía pública, donde el número de puestos se había multiplicado sin permisos claros. “Estaba esperando para dialogar, y lo único que hicieron fue tendernos una trampa y mandarnos a toda la gente para golpearnos”, señaló en un video transmitido en vivo.
Tras los hechos, la funcionaria anunció que acudiría a la Fiscalía de la Ciudad de México para presentar la denuncia correspondiente y exigir que se investigue a los responsables. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, expresó su solidaridad con Rojo de la Vega y subrayó la necesidad de respaldar a las instituciones frente a la intimidación y la violencia.
Este episodio refleja un problema recurrente en la capital: el choque entre el derecho al trabajo y el respeto al orden público. Sin embargo, lo ocurrido en San Cosme trasciende cualquier debate sobre comercio informal. La agresión contra servidores públicos es un ataque directo a la institucionalidad y a la capacidad del Estado para garantizar el orden y la legalidad.
La violencia no puede convertirse en herramienta de presión política ni en mecanismo de defensa de intereses particulares. Golpear a trabajadores de la alcaldía, emboscar a una autoridad electa y sembrar el miedo en la vía pública son actos que debilitan la confianza ciudadana en las instituciones y ponen en riesgo la convivencia democrática.
La labor de Alessandra Rojo de la Vega, al insistir en el diálogo y en la aplicación de la ley, es un recordatorio de que la institucionalidad debe prevalecer sobre la fuerza. Defender el espacio público y garantizar que los procesos se lleven a cabo con transparencia es una tarea que exige respaldo social y político. La denuncia presentada por la alcaldesa es un paso necesario para que la justicia actúe y para que la ciudadanía reafirme su confianza en las instituciones frente a la violencia organizada.
La agresión en San Cosme no puede normalizarse. La defensa del orden, la legalidad y el respeto a las autoridades es indispensable para construir una ciudad más justa y segura. La violencia nunca será la vía; el camino es el diálogo, la ley y el fortalecimiento de las instituciones.
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