Redacción: Javier Escárcega
Aunque el matrimonio igualitario está reconocido y practicado plenamente en Tamaulipas, persisten prácticas administrativas indebidas en algunos registros civiles que implican cobros no autorizados, afectando especialmente a parejas LGBT+ que buscan formalizar su unión, según denunciaron activistas y legisladores locales.
La diputada local Lucero Deosdady Martínez López ha señalado que, pese al reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, en algunas oficialías del Registro Civil de Tamaulipas se han detectado cobros de honorarios no autorizados relacionados con la celebración de matrimonios igualitarios. Estas tarifas irregulares pueden incrementar hasta en 100 por ciento los costos oficiales, lo que representa una barrera práctica para ejercer este derecho humano. La situación afecta tanto a parejas heterosexuales como LGBT+, pero se ha observado con mayor normalización en los casos de matrimonios igualitarios.
La problemática se presenta con mayor frecuencia en las ceremonias de matrimonio a domicilio, donde las tarifas reales pueden duplicarse o incluso triplicarse sin justificación legal. Las personas afectadas suelen enterarse de estos cobros luego de haber realizado la ceremonia, lo que dificulta la devolución de montos pagados y deja en evidencia la falta de transparencia administrativa. Para muchos activistas, esto refleja una brecha entre el reconocimiento legal y el ejercicio cotidiano del derecho.
Aunque la legislación de Tamaulipas establece el acceso pleno al matrimonio igualitario sin restricciones, la denuncia de prácticas irregulares pone de manifiesto resistencias burocráticas persistentes. Estos obstáculos no provienen de la ley en sí, sino de la implementación y las prácticas administrativas locales. Tal situación vulnera la igualdad de condiciones y puede desalentar a parejas que desean formalizar su unión en igualdad de derechos.
La diputada Martínez López enfatiza que el matrimonio igualitario no debe convertirse en un negocio paralelo ni en una fuente de ingresos indebidos para funcionarios públicos. Para especialistas y organizaciones de derechos humanos, dichas prácticas contravienen principios básicos de igualdad y no discriminación, y requieren intervención y supervisión más estricta por parte de autoridades estatales y municipales.
Activistas locales han llamado a las autoridades a vigilar y sancionar a los registros civiles que incurren en cobros indebidos, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno del derecho al matrimonio igualitario. Señalan que, si bien el cambio cultural hacia la diversidad sexual está en marcha, las prácticas administrativas obsoletas siguen repercutiendo negativamente en la percepción de justicia y equidad de la comunidad LGBT+. Este llamado subraya la importancia de reforzar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
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