Por Ricardo Burgos Orozco
La noche del 23 de marzo del año pasado se incendió el centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocó el fallecimiento de 40 personas y heridos 28 más. Supuestamente, el accidente lo iniciaron los propios internos cuando prendieron fuego a sus colchones para protestar porque estaban a punto de ser deportados. Eran ciudadanos de El Salvador, Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, pero la mayoría de Guatemala.
Ese lugar era administrado por el Instituto Nacional de Migración cuyo director sigue siendo Francisco Garduño Yáñez pese a que, como producto de las investigaciones, se responsabilizó por el accidente porque no supo garantizar la seguridad de los extranjeros recluidos en ese lugar, por la falta de medidas de protección civil en dicho centro, fallas estructurales en el edificio y de otras deficiencias. Sin embargo, el funcionario siguió permitiendo que el inmueble continuara funcionando.
En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador permitió que Garduño Yáñez siguiera en el cargo y después del 1 de octubre también la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es responsable de que, con todo y cargos en su contra, este morenista indiciado continúe. Será sustituido el 15 de diciembre sólo para darle el lugar a uno de los gobernadores que termina su mandato: Sergio Salomón, de Puebla.
La señora Sheinbaum señaló hace unos días que, pese a que saldrá del Instituto Nacional de Migración, Garduño Yáñez tendrá que seguir dándole seguimiento a las acusaciones en su contra ante el juzgado que le corresponde en Ciudad Juárez. Hace unos días, se reveló que desde marzo de 2023, el presunto responsable de 40 muertos y 20 heridos migrantes había usado 81 millones de pesos del presupuesto de su institución para viajar continuamente a esa metrópoli fronteriza para darle seguimiento a su proceso.
El gobierno morenista apuesta al olvido porque cuando Francisco Garduño deje de ser director de Migración será más complicado que la opinión pública continúe siguiendo el curso de las investigaciones y que este personaje siga asistiendo puntualmente a las diligencias del caso. Lo mismo sucedió con el accidente de la Línea 12 Metro el 3 de mayo de 2021 que no tocaron ni con el pétalo de una rosa a la entonces directora, Florencia Serranía, comadre de López Obrador y que ni siquiera fue requerida para declarar siendo que alguna responsabilidad debió tener quien estaba a cargo del mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo.
Ahora Francisco Garduño se va a descansar, a disfrutar de su jubilación, aunque el gobierno morenista es capaz de darle algún otro cargo, de esos que hay muchos para dar y repartir en la administración federal. Ya ven que todos los gobernadores tienen un puesto asegurado. No se ha revelado la cantidad que va a recibir de liquidación este personaje que debía estar en la cárcel.
Según la información oficial, los familiares de los 40 migrantes fallecidos recibieron una indemnización y la facilidad del traslado de los cuerpos a cada uno de sus lugares de origen; nunca se habló del monto para cada uno. Por supuesto, las investigaciones también están en completo hermetismo; no se sabe en qué va el proceso.
Casi puedo asegurar que Francisco Garduño no va a ser tocado nunca por la ley para que pague por sus culpas. Tiene el manto de la impunidad que hemos visto durante años con el PRI, con el PAN y ahora con Morena.
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