En diversas participaciones he mencionado este término de manera sistemática; y es que no se puede calificar de otra forma el hecho de que una sola persona tenga controlados los tres poderes tanto a nivel federal como a nivel local. Y es que, si bien es cierto, la Constitución sigue estableciendo que nuestra forma de organización es una República Federal, de facto lo que se está cocinando y de hecho ya está teniendo sus frutos (la reforma judicial), es un auténtico imperio y en esta columna pretendo explicar por qué.
En primer lugar, debemos recordar que para que una forma de organización política pueda ser llamada “República”, deben existir tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y estos deben tener autonomía, pero sobre todo independencia, con la finalidad de que entre estos exista un equilibrio y balance y así ninguno tenga la capacidad de abusar de sus atribuciones y facultades. De tal forma que el ejecutivo tiene como función la administración pública, es decir, el presidente no debe ser un rey que ordena absolutamente todo lo que pasa en el país, pues su función es la de administrar los recursos que tiene el estado para beneficio de todas las personas que aquí habitamos; el poder legislativo tiene como tarea la de crear y reformar las leyes; y por último el poder judicial de lo que se encarga es de aplicar esas leyes, pero también vigilar que tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo no violenten derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.
En los imperios estos tres poderes están en manos de una sola persona denominada emperador, ¿qué quiere decir esto?, que el emperador tiene a cargo la administración de los recursos del estado, también la facultad de crear y reformar leyes, así como de aplicarlas. De esta manera el emperador es el que ordena absolutamente todo lo que ocurre política y jurídicamente en un estado. Esto, históricamente, ha sido extremadamente peligroso pues el poder en manos de una sola persona ha llevado a grandes catástrofes, por ejemplo, cuando el partido Nazi, en Alemania, legalizó el homicidio de millones de personas.
¿Qué es lo que está pasando en nuestro país?, tenemos, nuevamente, a un partido hegemónico, y este partido está a las órdenes de una persona, Andrés Manuel López Obrador, a quien, esté o no esté como titular del ejecutivo, lo ven como un mesías y obedecen cada una de sus órdenes; su sucesora también está a las órdenes de este personaje, lo que significa que el poder ejecutivo lo tiene él. Por su parte el poder legislativo federal y local también tiene mayoría con MORENA tanto a nivel federal como a nivel local, y con la reforma judicial quedó más que claro que este segundo poder también está a las órdenes del emperador; por último el poder judicial, que era el último que limitaba, hasta cierto punto, el poder imperial, a través de una reforma echa al vapor y que por cierto tuvo su nacimiento con un chantaje hacía los senadores Yunes (a quienes también les dedicaremos una columna), fue literalmente erradicado para que en su lugar MORENA pueda poner a los jueces que ellos decidan a través de un supuesto voto popular. Lo que no es más que una farsa pues, siendo sinceros, las personas no sabemos ni a qué distrito electoral pertenecemos ni por qué diputado o senador estamos votando, mucho menos vamos a saber a quién estamos eligiendo como juez.
En resumen, tenemos a una persona que controla abiertamente al poder ejecutivo y legislativo (lo que demostró con la reforma judicial y su mensaje fue claro: al que me estorbe lo desaparezco porque tengo el poder hasta de reformar la constitución en menos de un mes); y con la mencionada reforma también tendrá controlado al poder judicial, pues pueden poner a quienes ellos decidan. Esto es extremadamente peligroso ya que al poder cambiar la Constitución en el momento que el Tlatoani lo decida, puede desparecer el Juicio de Amparo, cambiar la forma en la que se llevan a cabo las elecciones (que eso ya no debe tardar mucho), o imponer como obligatoria la prisión preventiva oficiosa sin importar los tratados internacionales ni las sentencias de la Corte Interamericana.
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