Por: Inés Arroyo
La Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México atraviesa un momento de alta tensión debido a un conflicto interno relacionado con la falta de pagos y descuentos masivos en los salarios de sus empleados. La administración actual enfrenta serias acusaciones por realizar descuentos injustificados, lo que ha generado un profundo malestar entre el personal. Los trabajadores denuncian una alarmante falta de transparencia en la gestión.
Un exempleado ha sacado a la luz que estas irregularidades vienen desde la administración pasada, encabezada por Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Según esta fuente, el problema de los descuentos indebidos ya era conocido durante el mandato anterior, pero no se tomaron medidas para corregirlo. “Expresó.”
En la actualidad, hay dos denuncias en curso:
- Una por descuentos inapropiados, incluso durante licencias médicas.
- Y la segunda, por la asignación arbitraria de puestos, como la colocación de secretarios en cargos de jueces cívicos sin cumplir con los requisitos legales.
El testigo revela que, tras la pandemia, sufrió descuentos de hasta 21 días por mes, resultando en un salario quincenal de apenas 57 pesos al mes. A pesar de presentar una queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la misma institución recomendó al ex director de Justicia Cívica abstenerse de estos descuentos, pero los problemas no se solucionaron.
Durante la administración de Ojeda Anguiano, también se colocaron personas no calificadas en puestos cruciales, como secretarios elevados a jueces cívicos sin pasar ni acreditar los exámenes necesarios. Esta situación, según el denunciante, ha persistido más allá de la pandemia, reflejando una continuidad de prácticas irregulares.
Frustrado por la falta de acción del órgano interno de control de la Consejería, el extrabajador ha solicitado un amparo de celeridad ante los juzgados federales. Hasta ahora, la contraloría interna ha fallado al no encontrar responsabilidad en los servidores públicos involucrados, y el caso sigue en proceso.
La comunidad laboral de los juzgados cívicos se encuentra en estado de alarma, sin respuestas claras sobre cómo se resolverán estos problemas. Se espera que la Secretaría de la Contraloría General tome cartas en el asunto para resolver las quejas y restaurar la confianza en la administración. Mientras tanto, los ciudadanos enfrentan la preocupación de ser juzgados por personal no capacitado, lo que pone en entredicho la calidad de la justicia cívica en la Ciudad de México.
El extrabajador también intentó dar a conocer su situación a través de medios de comunicación sin obtener respuestas. Su propósito es que estos problemas sean públicos para detener las prácticas irregulares y asegurar una pronta resolución. La comunidad laboral de la Consejería sigue a la espera de medidas concretas para solucionar esta crisis y garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores.
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