La Fiscal de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Ana Alicia Casillas Hurtazo, enfrenta graves acusaciones de presiones, malos tratos y, según algunos testimonios, presuntos actos de tortura. Estas denuncias han sido presentadas tanto por víctimas como por servidores públicos en el desempeño de sus funciones en dicha fiscalía, según fuentes internas.
Hasta la fecha del 1 de julio de 2023, la Fiscalía de Delitos Sexuales había logrado la judicialización de solo el 23.90% de los casos que había recibido, lo que refleja un problema significativo en la eficacia de esta área crucial de la justicia en la Ciudad. de México.
En lo que va del año, la fiscalía registró un total de mil 126 carpetas de investigación contra agresores sexuales, pero solo 593 de ellas se tradujeron en vinculaciones a proceso. Este porcentaje, que representa un 52,66% de los casos judicializados, plantea preocupaciones sobre el manejo de los asuntos de esta fiscalía.
Las acusaciones apuntan a que la fiscal Casillas Hurtazo ha estado presionando a su personal para judicializar un mayor número de carpetas de investigación, a menudo solicitando a los servidores públicos que narren hechos falsos. Los servidores públicos se han quejado de que se les exige dejar de lado su criterio jurídico y seguir instrucciones que ponen en riesgo sus carreras profesionales y su integridad ética. Estas demandas se realizan bajo la amenaza constante de ser removidos de sus cargos.
Estas prácticas han generado una situación en la que las víctimas son revictimizadas continuamente, ya que se cuestiona su testimonio con el fin de manipularlo para aumentar las estadísticas institucionales. Estos informes señalan que el objetivo principal parece ser cumplir con una “cuota” de asuntos judicializados, en detrimento de la búsqueda de la verdad y la justicia.
La historia de Ana Alicia Casillas Hurtazo incluye una recomendación emitida en 2018 por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la que se la acusaba de obligar a una mujer a declararse culpable mediante golpes, insultos y amenazas mientras era agente del Ministerio. Público. Estos eventos parecen coincidir con su lema de “cuadrar todo, inventar lo que sea”.
Dicha recomendación llevó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a solicitar la reapertura de una investigación relacionada con las acciones de la fiscal, incluyendo su posible responsabilidad penal en actos de tortura, malos tratos, detención arbitraria e ilegal, así como omisiones. en la defensa adecuada al debido proceso y acceso a la justicia.
A pesar de estas preocupaciones y denuncias, la fiscalía ha registrado un alto número de casos sin que se sepa cuántos de ellos han llegado a sentencia. Se han informado quejas de usuarios y servidores públicos, y se han difundido grabaciones internas de la institución que sugieren que el titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales exige la judicialización de un número mínimo de carpetas de investigación cada semana, independientemente de si los hechos denunciados. están probados o no.
Las presuntas conductas de Casillas Hurtazo, que incluyen insultos, gritos, conductas discriminatorias y represalias contra víctimas, imputados y personal ministerial, han generado preocupación tanto dentro como fuera de la fiscalía. Las voces críticas están exigiendo una investigación exhaustiva sobre estas acusaciones y un examen a fondo de las prácticas y la cultura dentro de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.
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