Miguel Tirado Rasso
El futuro seduce al Ejecutivo y
él hace preparativos y toma
decisiones con alcances que
están más allá de los límites
de su período gubernamental.
El horno no está para bollos. El programa de gobierno de la 4T está desfasado y los tiempos del sexenio se terminan. Las promesas de campaña, la esperanza del cambio, la mismísima transformación, continúan como asignaturas pendientes. Aquellas buenas intenciones, propuestas ilusionantes que cautivaron votos de una ciudadanía fastidiada que no deseaba ya más de lo mismo y que volcó su voto por lo que suponía una mejor ruta, se las están quedando a deber.
Lo que no se ha hecho en 4 años y medio, difícilmente se podrá realizar en los 16 meses que le faltan a esta administración. Así, ante la imposibilidad de cumplir con lo ofrecido en este sexenio, la apuesta es mirar al futuro y buscar que el proyecto de la 4T se mantenga en la próxima administración. En ese sentido se ha enfocado el discurso del Ejecutivo y orientado las baterías de Morena.
Para que no haya dudas de interpretación, sobre lo que el presidente López Obrador espera de quien triunfe en la elección presidencial, al menos en el caso de sus corcholatas, el propio morador de Palacio Nacional ha dado línea en la definición del programa de gobierno que deberá cumplir su sucesor, lo que se vale y lo que no, una vez en el poder.
Por principio, según se ha insistido en Palacio Nacional, el candidato idóneo habrá de ser quién esté comprometido con el proyecto de la 4T, al que deberá darle continuidad, sin “cambios de rumbo, zigzagueos ni medias tintas”. La elección del candidato será por encuesta, según se ha anunciado, método que siempre podrá ser afinado con la orientación del tradicional dedazo del gran elector, para asegurar que no haya cambio de rumbo.
El futuro seduce al Ejecutivo y él hace preparativos y toma decisiones con alcances que están más allá de los límites de su período gubernamental. Si no fuera porque la ley es la ley, porque existe un particular respeto al estado de Derecho, porque la Constitución prohibe la extensión del mandato presidencial y porque el Ejecutivo juró, al tomar posesión de su cargo, cumplir con lo ordenado por la Carta Magna, cabría la sospecha de una inquietud por seguir ejerciendo el poder después del 30 de septiembre de 2024. Pero esas malas intenciones terminaron en el siglo pasado, con el exilio de Plutarco Elías Calles, hace 87 años y, supongo, nadie quiere que se repita esa historia, sobre todo porque, los que están ahora, no son iguales.
Con las prisas, porque el tiempo apremia, se acaba la paciencia, se pierde la tolerancia, se endurece el mando y se aplican medidas extremas, ocupaciones temporales y expropiaciones, por ejemplo. Como en la óptica de la 4T todo tiene que ver con la política, los tropiezos jurídicos por errores inconcebibles en la elaboración de iniciativas de ley o por graves violaciones cometidas durante los procedimientos legislativos, en Palacio se interpretan como ataques políticos, como golpes a su gobierno y no, como lo que son, fallas y errores atribuibles a la ignorancia, la irresponsabilidad, el descuido y la improvisación de quiénes están encargados de elaborar los proyectos de ley.
Si estas iniciativas violan la norma, porque tienen errores, la responsabilidad de que no puedan llegar a tener vigencia es de quien las hizó mal, no de los jueces que están obligados a aplicar las leyes, aunque las propuestas de ley tengan muy buenos propósitos. De otra manera, se perdería la certeza jurídica y se estaría vulnerando el estado de Derecho.
Los ataques a la SCJN y a su presidenta no tienen fundamento y son un despropósito. Sus fallos sólo han destacado las evidentes violaciones a la Constitución de un trabajo legislativo poco profesional, desaseado y precipitado. Que Morena mantenga un plantón de protesta, agresivo e irrespetuoso que actúa con total impunidad en las puertas de la SCJN, es inadmisible, pero que un gobernador, que se supone, representa la máxima autoridad política de una entidad, realice actos porriles, como lo hizo el mandatario de Veracruz, resulta vergonzoso.
Pero este mandatario, Cuitlahuac García, está más preocupado por quedar bien con YSQ, que por gobernar su estado que, por cierto, en 2022 quedó registrado en segundo lugar nacional con más víctimas de atrocidades, de acuerdo al informe elaborado por la organización Causa en Común.
Mayo 25 de 2023
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