Acabo de leer una encuesta publicada en el periódico Reforma en la cual el 53 por ciento opina que el Instituto Nacional Electoral funciona bien como está. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en una reforma electoral que hará desaparecer al INE y transformarlo en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Las modificaciones propuestas tendrían cosas buenas, malas y definitivamente feas.
Lo bueno
Desde hace muchos años he pensado que tener 500 diputados federales, quién sabe cuántos locales en cada entidad y 128 senadores es un lujo muy caro porque nos cuesta miles de millones de pesos. La reforma de López Obrador propone reducir a 300 curules, 96 escaños, un mínimo de 15 y un máximo de 45 diputaciones en los estados. También disminuiría el número de regidores y se eliminarían los consejos estatales electorales.
Cuando empezó el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2012 hubo un esbozo de reducir la cantidad de legisladores, pero la iniciativa, no recuerdo de quién fue, se perdió entre las presiones políticas y la mala gestión del mexiquense. Tal vez consideraron que era ejercer demasiada presión hacia un poder y no era conveniente en ese momento, pero estoy seguro que el expresidente hubiera ganado mucho políticamente con esa iniciativa.
De aprobarse, el gobierno actual estaría ahorrando 24 mil millones de pesos lo cual le caerían bien a las finanzas públicas y la mayoría de la gente vería con buenos ojos la medida. Hace algunos años cuando cubría la fuente política, eran pocos los legisladores que participaban en tribuna o presentaban propuestas, sí acaso el diez por ciento. Los demás, como dicen por ahí, “nadaban de muertito”, pero sí cobraban su jugosa dieta y otras canonjías como viáticos, viajes y presupuesto para asesores.
Lo malo
El nuevo organismo no sería autónomo como es ahora el INE, dependería directamente del gobierno – como sucedía hace tiempo –, aunque se plantea la posibilidad de integrarlo con “consejeros populares” elegidos de un grupo presentado por los poderes Ejecutivo, poderes Legislativo y Judicial. Eso es lo que rechaza la mayoría de la gente porque piensa que sería un retroceso hacia situaciones dudosas ya superadas como “la caída del sistema” en 1988 cuando Manuel Bartlett era secretario de Gobernación y tenía a su cargo las elecciones.
Lo feo
Los partidos de oposición plantean que en realidad lo que desea López Obrador es facilitar el camino para que Morena se apodere del sistema electoral para eliminar impugnaciones como sucedía hace años cuando el partido hegemónico era el PRI.
En caso de aprobarse la iniciativa, serían destituidos los actuales consejeros del INE y del Tribunal Electoral, sin ninguna oportunidad de permanecer.
El tema se ha polarizado aún más con la reciente intervención – erróneamente – de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, quien emitió la recomendación 46/2022 para “la transformación del INE y del Tribunal Electoral”. Sin embargo, la CNDH está impedida por la ley para emitir ese tipo de opiniones.
Todavía no se sabe cuándo se va a discutir la iniciativa de reforma electoral; todavía no se presenta, pero el fiel de la balanza puede ser nuevamente el PRI como sucedió con la reforma para extender la presencia del ejército en las calles hasta el 2028.
Para López Obrador es ganar de todos modos porque de aprobarse la reforma tendrá un nuevo órgano a su disposición, con la mayoría de consejeros de su lado y si no, la ciudadanía echará en cara a quienes rechazaron ahorrar 24 mil millones de pesos en disminución de legisladores y estructura electoral.
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