Esta semana entrante el Pleno de la Suprema Corte analizará, y en su caso resolverá una acción de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar el Artículo 240 Bis i que obliga a someter a terapia psicológica y sancionar con multa, el delito de discriminación en instalaciones de educación básica.
Se considera que la norma viola los principios de seguridad jurídica y legalidad, motivo por el cual, piden se declare su inconstitucionalidad.
En una acción más, analizará la constitucionalidad de los Artículos 222 A y 222 B del Código Penal de Guanajuato que tipifica el delito contra la seguridad pública, que sanciona a quien difunda información que obstaculice las funciones de seguridad y procuración de justicia, normas que se pide invalidar por atentar contra la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información.
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