Redactor: Sam Torne
El conflicto entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y el gobierno mexicano continúa con la prolongación del paro laboral en juzgados y tribunales federales. Este paro, que inició el 19 de agosto de 2024, ha sido extendido de manera indefinida debido a la falta de acuerdos entre ambas partes. Los trabajadores exigen la revisión de la reforma judicial impulsada por el gobierno, la cual consideran que amenaza la estabilidad del Poder Judicial y sus condiciones laborales.
El paro fue convocado en protesta contra la reforma judicial promovida por el gobierno de México, que incluye la extinción de diversos fideicomisos y cambios en la estructura del Poder Judicial. Esta reforma afecta la carrera judicial, un sistema de progresión interna que garantiza la estabilidad y crecimiento de los empleados del PJF. Los trabajadores argumentan que los cambios propuestos vulneran su seguridad laboral y ponen en riesgo la independencia del sistema judicial.
Además, la reforma contempla la destitución de más de 1,600 jueces y magistrados, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad del Poder Judicial para seguir operando de manera efectiva. El Comité de Diálogo de los 32 Circuitos Unidos ha sido enfático en que la reforma, tal como está redactada, es inaceptable y afecta no solo a los empleados, sino también al correcto funcionamiento de la justicia en el país.
La respuesta del gobierno y el CJF
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha mantenido conversaciones con los trabajadores, pero hasta la fecha no se ha llegado a un acuerdo definitivo que permita el fin del paro. El 2 de octubre, tras una sesión ordinaria del Pleno del CJF, se decidió que la prórroga del paro sería discutida en una sesión extraordinaria. Aunque algunos trabajadores esperaban que se tomará una decisión inmediata, la votación fue pospuesta para los próximos días, lo que causó frustración entre los empleados inconformes.
Por su parte, el gobierno, liderado por la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, ha hecho un llamado al diálogo. No obstante, aún no se han visto avances significativos en las negociaciones. La postura oficial del gobierno es que la reforma es necesaria para modernizar y eficientar el Poder Judicial, pero los trabajadores insisten en que debe reconsiderar su implementación.
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