Redactor: Sam Torne
La última reforma energética en México ha traído cambios importantes en la estructura del sector eléctrico y petrolero del país, concretando algunos de los objetivos que no se pudieron alcanzar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aunque su administración intentó llevar a cabo una reforma constitucional en 2022, esta no fue aprobada debido a la falta de consenso en el legislativo. Sin embargo, el nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha logrado avanzar en esta agenda con el respaldo de una mayoría en ambas cámaras del Congreso.
El principal cambio materializado es la eliminación del concepto de «empresa productiva del Estado» para compañías como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). En su lugar, estas entidades se reconocerán como «empresas públicas», aunque aún no se han aclarado los detalles completos sobre los alcances de esta nueva clasificación.
Reforma que no prosperó en 2022
En 2022, López Obrador propuso una reforma constitucional que buscaba revertir los cambios implementados en la reforma energética de 2013. Uno de los puntos principales era la eliminación de la separación legal de la CFE en varias subsidiarias y la consolidación de la empresa como el principal rector del sistema eléctrico en México. Aunque esa reforma no fue aprobada, la actual legislación toma elementos clave de dicha iniciativa.
Con la reciente reforma, la CFE se reafirma como el actor principal en la generación de electricidad, garantizando al menos el 54% de la producción total del país, mientras que el sector privado podrá generar hasta el 46%. Este punto es uno de los triunfos más significativos del obradorismo en términos energéticos.
Retos de la nueva legislación
Aunque la reforma ha sido aprobada, los detalles sobre su implementación se conocerán en los próximos 180 días, cuando se publique la legislación secundaria. Los analistas señalan que la verdadera magnitud de los cambios quedará clara una vez se establezcan estas normas adicionales, que podrían incluir la priorización de la electricidad generada por la CFE sobre la de los privados, independientemente de sus costos o fuentes de energía.
Uno de los temas más controvertidos será si se decide cambiar las reglas de despacho eléctrico, que actualmente priorizan la energía más barata, generalmente proveniente de fuentes renovables, sobre otras más costosas. En el sexenio pasado, se intentó modificar este esquema para que la energía de la CFE tuviera prioridad, pero el cambio no prosperó. Este es uno de los puntos que aún podría incluirse en la legislación secundaria.
Aunque gran parte de la reforma afecta directamente a la CFE, también se prevé un impacto significativo en Pemex. La petrolera estatal, que ha enfrentado grandes desafíos financieros en los últimos años, podría beneficiarse de una mayor integración con las políticas energéticas del gobierno.
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