El Poder Judicial de la Federación (PJF) ha emitido una orden al Ejército para preservar la información relacionada con el trágico caso de Ayotzinapa, concediendo una suspensión provisional en el contexto de un juicio de amparo presentado por los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
En este contexto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) revela que en su acción legal, las familias han solicitado medidas cautelares para asegurar que la información no sea alterada, destruida, depurada o eliminada durante el proceso legal. Se espera que, al finalizar el juicio, el Poder Judicial pueda ordenar la entrega de la información faltante, haciendo uso de sus facultades legales.
El conflicto se remonta al 15 de agosto, cuando los familiares de los normalistas presentaron una demanda de amparo contra la cadena de mando del aparato de inteligencia militar. Argumentaron que estas autoridades incumplieron un decreto presidencial de diciembre de 2018, que ordenaba la colaboración de las dependencias federales en la resolución del caso Ayotzinapa. Este incumplimiento, según los familiares, viola su derecho a la verdad y afecta a la sociedad en su conjunto.
La demanda alega que, según el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Ejército ocultó de manera arbitraria un número desconocido de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. Estos informes, aunque no se conoce su contenido exacto, podrían ser cruciales para entender el contexto criminal de Iguala y esclarecer los eventos de septiembre de 2014.
El Centro Prodh señala que este ocultamiento va en contra de las instrucciones dadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y mando civil.
En su demanda, los padres de los normalistas responsabilizan al secretario de la Defensa Nacional, al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, al titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, al titular de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y al director del Centro Militar de Inteligencia, entre otras autoridades castrenses.
La demanda fue admitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde se lleva a cabo el juicio de amparo correspondiente bajo el número de expediente 1350/2023.
En cuanto a la suspensión provisional, inicialmente, este tribunal de primera instancia negó la solicitud de las familias. Sin embargo, las víctimas indirectas presentaron un recurso de queja, y el 1 de septiembre de 2023, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió su resolución, otorgando la suspensión que las familias habían buscado.
El Tribunal Colegiado subrayó el interés de la sociedad en conocer las circunstancias relacionadas con este caso, que podrían implicar violaciones graves a los derechos fundamentales. Además, ordenó a las autoridades militares abstenerse de destruir y ocultar la información identificada por los familiares en su demanda, marcando un paso importante en la búsqueda de justicia y verdad en el caso Ayotzinapa.
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