Rubén Rocha

Durante más de una década, el World Justice Project (WJP) ha creado la herramienta más completa para medir la situación del Estado de Derecho en el mundo. Desde 2018, WJP publica el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), el cual mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas en el país.
En 2021, la calificación de Sinaloa es 4.3 en los ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho.
El Estado de Derecho es un principio de gobernanza que vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros.
Primer factor: Límites al poder gubernamental, mide si en la práctica, los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de quienes gobiernan y los responsabilizan de sus actos.
También considera el papel que juegan los contrapesos no gubernamentales, tales como la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos.
Calificación: 4.9
Es necesario que los mecanismos de control, el Congreso y el Poder Judicial se conviertan en un contrapeso eficaz.
Especialmente que se fortalezca la independencia y la capacidad de los organismos de fiscalización y auditoría superiores, comisiones de derechos humanos y demás organismos autónomos, para que sean capaces de fiscalizar la gestión del gobierno estatal.
Segundo factor: Ausencia de corrupción, identifica el uso del poder público para obtener un beneficio privado. Esta dimensión considera tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas, y la apropiación indebida de recursos públicos.
Calificación: 4.0
Tercer factor: Gobierno abierto, cuantifica si el gobierno comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es decir, mide si la ciudadanía puede conocer el accionar del gobierno y si puede incidir en sus decisiones.
Calificación: 4.2
Es urgente que la ciudadanía sinaloense puede participar de forma efectiva en la formulación de políticas públicas.
Cuarto factor: Derechos fundamentales, calibra la protección efectiva de los derechos civiles e individuales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Calificación: 5.3
El mayor pendiente es que los derechos laborales fundamentales no se garantizan en todos lados, incluyendo el derecho a la seguridad social, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la libertad de asociación, derecho a la negociación colectiva, la ausencia de discriminación laboral y la ausencia de trabajo forzado y del trabajo infantil.
Quinto factor: Orden y seguridad, pondera si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades.
Calificación: 4.4
Aun es muy alta la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes y las mediciones de incidencia y prevalencia de delitos que afectan de manera directa a las personas y a los hogares.
Sexto factor: Cumplimiento regulatorio, examina cómo se implementan y se hacen cumplir las regulaciones en temas como salud pública, seguridad en el lugar de trabajo, protección del medio ambiente y actividad comercial.
Calificación: 3.6
Es imprescindible mejorar los procedimientos administrativos para que se lleven a cabo de forma efectiva, eficiente, sin retrasos injustificados y el debido proceso se garantice efectivamente.
Séptimo factor: Justicia civil: registra si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil.
Calificación: 3.8
Concretamente se debe tomar medidas para que las personas conozcan y confíen en los mecanismos formales para resolver sus problemas legales, que exista disponibilidad de asesoría legal adecuada y asequible y que no haya barreras por costos ni por procesos burocráticos.
También, es fundamental que el sistema sea imparcial, independiente y libre de corrupción e influencias indebidas, además que los procedimientos se lleven a cabo con respeto al debido proceso, de manera oportuna y sin demoras irrazonables y que las resoluciones judiciales se apliquen de forma efectiva.
Octavo factor: Justicia penal, evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal.
Calificación: 4.1
Se debe resolver el que la policía y el ministerio público investigan los delitos de manera poco eficaz.
Existen deficiencias estructurales en temas como recursos, equipo y tecnología, suficiencia de personal, formación y capacitación de los agentes encargados de la investigación de delitos y suficiencia en sistemas de información delictiva, así como indicadores de resultados sobre la efectividad de las investigaciones.
El Índice de Estado de Derecho se construye esencialmente a partir de encuestas a población general y a especialistas. Esto asegura que los hallazgos reflejen experiencias y condiciones reales de distintos sectores de la población, incluidos los grupos en situación de vulnerabilidad.
Veremos si las acciones del próximo gobierno hacen que nuestra vida mejore o sea peor.

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