Redacción: Inés Arroyo
Trabajadores de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México mantienen un paro de labores desde el lunes pasado, en protesta por presuntas condiciones laborales injustas y acoso por parte de la dirección.
El grupo, compuesto por cerca de 40 empleados, entre defensores públicos y personal administrativo, exige la destitución del director general, José Juan Torres Tlahuizo, a quien acusan de ejercer acoso laboral. Además, demandan mejoras en sus condiciones salariales y prestaciones, así como el suministro adecuado de recursos materiales y tecnológicos para desempeñar sus funciones.
La movilización se da en medio de una ola de protestas más amplia que afecta a diversas áreas del Poder Judicial de la capital, incluyendo juzgados civiles, criminales y familiares, así como la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), donde empleados han denunciado situaciones similares y llevan a cabo paros y bloqueos.
Los trabajadores han instalado bloqueos simbólicos en puntos estratégicos de la ciudad, como la Calzada San Antonio Abad y el Eje Central Lázaro Cárdenas, y han suspendido la atención al público en las oficinas ubicadas en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.
Entre las exigencias destacan la eliminación de despidos arbitrarios, la regularización de bases laborales y el respeto a los horarios, además de denunciar descuentos injustificados en sus salarios.
El paro ha generado un rezago significativo en los trámites legales, con un estimado de 15 mil expedientes acumulados, lo que afecta directamente a más de 200 mil usuarios que requieren servicios legales en la Ciudad de México.
Hasta el momento, las autoridades de la Consejería Jurídica no han emitido una respuesta oficial que atienda las demandas, aunque se espera que en los próximos días se convoque a mesas de diálogo para resolver el conflicto.
La situación en la Consejería Jurídica refleja un problema estructural en el sistema de justicia capitalino, donde la falta de atención a las condiciones laborales y la insuficiencia de recursos han provocado un descontento creciente que podría extenderse si no se atiende oportunamente.
¿Podrán las autoridades capitalinas atender a tiempo estas demandas y evitar que el conflicto afecte aún más a quienes dependen de la justicia?
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